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Empresa turca invertirá más de USD 1.600 millones en puertos de El Salvador, anuncia Bukele

"La empresa Yilport Holding Inc. destinará más de 1.615 millones de dólares a la Unión Portuaria del Pacífico. Aquí modernizaremos el puerto de Acajutla y activaremos, por fin, el puerto de La Unión", dice un video publicado el domingo por Bukele en su cuenta de X.


Esta es "la inversión privada más grande que se haya hecho en El Salvador", según el video.


El puerto de Acajutla está ubicado en el departamento de Sonsonate, 100 km al suroeste de San Salvador.


Las instalaciones portuarias de La Unión, donde apenas pasan barcos por falta de infraestructura, se encuentran en el departamento del mismo nombre, a 185 km al sureste de la capital salvadoreña.


Los dos puertos son operados por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), un ente público pero autónomo del gobierno.


Según el anuncio, la empresa Yilport y la Cepa pasarán ahora a operar "ambos puertos durante los próximos 50 años".


"El Salvador se está convirtiendo en un hub logístico importantísimo en América Latina. Con la inversión privada más grande en la historia de nuestro país, vamos a fortalecer nuestros puertos marítimos", dijo el presidente de la Cepa, Federico Anliker, en su cuenta de X.


La inversión, según el gobierno salvadoreño, se ejecutará por etapas y comenzará a finales de año.


En el puerto de Acajutla se modernizará la infraestructura para reducir los tiempos de operación portuaria y triplicar la capacidad de la terminal.


En el puerto de la Unión se hará un dragado para aumentar la profundidad y se comprará equipo como grúas, cargadores y retroexcavadoras para activar la terminal.


Bukele "le apuesta al desarrollo sostenido del país, que ha seguido creciendo en rubros como la inversión local, extranjera y en las exportaciones, luego de que se lograra controlar el problema de la inseguridad", señaló el gobierno salvadoreño en un comunicado.


El presidente salvadoreño instauró en marzo de 2022 un estado de excepción que ha llevado a prisión a más de 81.000 presuntos pandilleros y ha reducido los niveles de violencia en el país.


Sin embargo, organismos de derechos humanos cuestionan la detención de inocentes al amparo de ese régimen de excepción.

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